CONCLUSIONES

Según el último informe de la FTTH Council Europe, correspondiente a septiembre de 2021, España es el tercer país con mayor cobertura de fibra hasta el hogar rural con un 66%. Tan sólo Dinamarca y Letonia le superan. El estudio alienta a la inmediata acción en las regiones rurales para eliminar los llamados “puntos blancos” y subraya que se debe llevar a cabo una promoción agresiva y un apoyo intensificado (subvenciones, partenariados público-privados, etc.) de los despliegues rurales para llegar a todas las instalaciones europeas con fibra de alta velocidad basada en conectividad de banda ancha. Esto quiere decir que uno de cada dos habitantes que vive en estas áreas no tiene acceso a la fibra.

El informe Tecnología + Sociedad en España 2021, elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), pone por su parte de manifiesto los avances de España en proporcionar un acceso a Internet estable y rápido, y también apunta que nuestro país es uno de los territorios de la UE que más ha reducido la brecha digital tanto a nivel de género como socioeconómico. Además, en la última década ha aumentado la conectividad en la España vaciada. En el año 2011, las zonas rurales tenían un acceso a Internet 15 puntos porcentuales por debajo de las grandes zonas urbanas, mientras que en el año 2020 la diferencia era de tan solo 5 puntos.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado la segunda convocatoria del programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (UNICO) Banda Ancha para ampliar el despliegue de las infraestructuras necesarias que proporcionan cobertura de muy altas capacidades a la población. Estas ayudas permitirán extender la red de banda ancha ultrarrápida, capaz de prestar servicios de al menos 300 Mbps escalables a 1Gbps simétricas, a hogares y empresas ubicadas principalmente en zonas remotas y aisladas (identificadas como blancas y grises NGA) en el territorio nacional. En definitiva, la iniciativa de España Digital 2025 y los fondos de Next Generation se presentan como una oportunidad para hacer frente a este desafío.

Planes del Gobierno

El encuentro comenzó con la intervención de Roberto Sánchez, Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Gobierno de España, que explicó en qué punto están los planes del Ejecutivo para eliminar completamente la brecha digital existente entre zonas rurales y urbanas, lo que se viene a llamar la España Vaciada. Una España “que no va a estar vaciada de conectividad de altas capacidades”, recalcó.

Sánchez subrayó que desde los albores de esta legislatura en junio de 2018 uno de los elementos principales que el Gobierno se puso como objetivo fue precisamente acabar con esa brecha digital e iniciaron actuaciones con programas de ayudas para el despliegue de redes de banda ancha que situaban en el entorno de los 150 millones por año y que hicieron posible avanzar en esta meta hasta lograr que en junio de 2020 las coberturas en velocidades de 100 Mbps alcanzasen el 87% en el total nacional y el 62% en el entorno rural.

A partir de enero de 2020, cuando se constituyó la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones empezaron la preparación de una Agenda Digital para España, omnicomprensiva, que no solamente hablaba de conectividad, de 5G, sino también de derechos digitales, de la digitalización de la Administración, de la capacitación digital de las pymes, etcétera, “un largo abanico de planes concretos”. Pero en ese momento apareció la pandemia que creó la necesidad de acelerar los procesos de eliminación de esa brecha porque fue a raíz de esa crisis sanitaria cuando “nos dimos cuenta de que todo aquel que tenía acceso a una red de gran capacidad y velocidad podía mantener bastante de su vida como las relaciones sociales, la enseñanza o el teletrabajo”. Este hecho llevó al Gobierno a modular dicha Agenda Digital y a tomar conciencia de la necesidad de apresurar estas iniciativas. Además, llegaron recursos económicos para poder hacerlo gracias a los fondos europeos NextGenerationEU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presenta y aprueba el Estado español. Aproximadamente el 30% de dicho plan se dedica a la digitalización y, por tanto, al incremento de la conectividad en el país. Gracias a esta propuesta, tal y como explicó Roberto Sánchez, en 2021 se pasó de los 150 millones de ayudas que se pusieron en marcha en 2018 a 250 millones de euros al año. Con este incentivo, el Gobierno mantiene su previsión de cumplir con su objetivo fundamental: que a 31 de diciembre de 2025 no haya ninguna persona, ningún territorio que no tenga la posibilidad de acceder a una red de 100 Mbps; entonces, “el gap entre zona rural y urbana habrá desparecido completamente porque estaremos en el cien por cien de cobertura del territorio”, señalo el portavoz. Según las previsiones actuales que barajan, en 2023 estaremos en el 85%; en 2024, con los proyectos que se aprueben el año que viene, llegaremos al 95%; y en 2025 se conseguirá el 100%.

Adicionalmente, el Gobierno cuenta con otras propuestas en términos de conectividad que están gestionando a través de las Comunidades Autónomas como el tema de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los edificios, un programa mediante el cual están distribuyendo fondos para que aquellos edificios anteriores al año 2000 que carecen de tales infraestructuras porque no eran legalmente obligatorias, se doten de ellas. U otras iniciativas, también gestionadas a través de las autonomías, destinadas al despliegue de redes de banda ancha en polígonos industriales o áreas geográficas de concentración empresarial; o para conectar con redes de alta capacidad centros públicos asistenciales de referencia en los que tutelan a aquellas personas que, aunque tengan accesible la red, no la utilizan por diferentes circunstancias y necesitan un acompañamiento.

Por otra parte, el entorno de desarrollo de 5G supone también un cambio sustancial acerca de cómo se van a implementar las redes y las coberturas en los ámbitos rurales. A diferencia de lo que sucedió con 4G, la quinta generación no se dedica sólo a la mejora de las comunicaciones personales, sino que tiene un gran peso en los procesos de transformación económica de la sociedad y del mundo empresarial. Es por ese potencial transformador por lo que es necesario hacer despliegues de este desarrollo que cubran todo el territorio y no sólo las grandes ciudades. Para dar respuesta a este avance, el Gobierno cuenta con el programa de Estrategia de Impulso de la tecnología 5G y los componentes del Plan de Recuperación que vienen a facilitar la implementación de estas redes. De hecho, como expuso Roberto Sánchez, ahora mismo tienen abierta una convocatoria para el despliegue de infraestructuras pasivas que contempla cuestiones como la instalación de las torres de telecomunicaciones, la conexión de fibra hasta la torre o temas energéticos.

Durante su intervención, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones respondió a las preguntas de los operadores locales que se quejaban de no ser beneficiarios de estas ayudas ministeriales de extensión de la banda ancha y reconoció que la convocatoria que sacaron en 2021 y 2022 tiene un ámbito provincial, es decir, que se selecciona un proyecto por provincia que es el que se financia. Los operadores de cualquier tamaño pueden participar, eso sí, pero es evidente que uno muy pequeño, que solamente actúa en una población, tiene más difícil acceder a esos recursos porque tendrían que presentar proyectos para el conjunto de zonas blancas o grises de toda una provincia. Esto, probablemente, anime a posibles asociaciones de empresas para poder presentarse. No obstante, reveló que no sólo ganaron estos fondos las grandes operadoras nacionales, sino también regionales. Asimismo, dijo que el plantear estas iniciativas a escala autonómica tienen su sentido en el momento actual, pero que probablemente para los flecos finales, cuando se cubran poblaciones de menos de 100 habitantes y se focalicen en esos puntos concretos que se hayan quedado sin conexión, se modifique algo. Es más, todavía no han decidido cómo van a hacer la convocatoria de 2023 porque dependerá del resultado de las áreas que han quedado sin cubrir tras la ejecución de los proyectos de los ejercicios anteriores.

Por otro lado, los operadores locales manifestaron su preocupación respecto a 5G calificando que se trata de una subasta de espectro a precios, sólo al alcance de grandes telco. El directivo afirmó que las licencias ofertadas hasta ahora tenían un carácter nacional, pero la razón era el poder asegurar un despliegue amplio en todo el territorio, establecer obligaciones que permitieran una rápida implantación. Este año tienen en marcha la licitación de las frecuencias de 26 GHz y para llevarla a buen puerto han lanzado una consulta pública para determinar qué alcance van a tener. “La experiencia en el desarrollo de las redes móviles con los operadores locales fue mala”, matizó. Hace unos años ya sacaron licitaciones de frecuencia de ámbito inferior al nacional y tuvieron muy poco éxito, no fueron operadas finalmente por operadores locales. “Entendemos que el nivel de inversión que hay que realizar es muy elevado en estos despliegues de redes y la experiencia no fue muy buena”.

En cuanto a la reivindicación de que la Administración no los valoraba ni apoyaba, Roberto Sánchez sentenció que “los operadores locales nos importan mucho y además consideramos que han jugado y están jugando un gran papel en el desarrollo y en la implantación de la banda ancha en este país”. E insistió que es probable que para 2023, una vez que vean cómo son los flecos que quedan por cubrir tengan que acudir a operaciones más puntuales, más quirúrgicas y en ese caso plantearán modelos distintos que tendrán en cuenta al operador local.

También se preguntó que ocurría cuando se conceden ayudas y después no se ejecutan ya que las poblaciones se quedan esperando años y luego vuelven a ser zonas grises o blancas. Ante esta cuestión, Roberto indicó que estas situaciones han ocurrido, pero que ha sido algún problema puntual en alguna zona concreta por dificultades, en algunos casos, de obtener los permisos pertinentes. “Por eso instamos a que se ejecuten las ayudas tal como estaban previstas”, reiteró. En todo caso, recordó que la no ejecución contiene una penalización y desde el Gobierno se muestran muy vigilantes en el cumplimiento de estas ejecuciones. De no producirse, esas zonas pueden volver a solicitar las ayudas.

Desde el Ministerio facilitaron estos enlaces de interés:

• Para consultar los proyectos subvencionados con el plan de ayudas de extensión de banda ancha: RESOLUCIÓN CONVOCATORIA UNICO BANDA ANCHA Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital - Convocatoria UNICO-Banda ancha 2021 (mineco.gob.es).


• INFORMES DE COBERTURA DE BANDA ANCHA (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital - Informes de cobertura (mineco.gob.es). El último disponible hasta el cierre de estas líneas es el correspondiente a junio de 2021.

Marco regulatorio

Tras la participación de Roberto Sánchez llegó el turno de Virginia Rodríguez Serrano, Subdirectora de Regulación de Comunicaciones Electrónicas de la CNMC, organismo cuyo foco es el fomento y la supervisión del desarrollo competitivo de los mercados de comunicaciones electrónicas en todo el territorio –“ahí donde sea posible, porque no siempre lo es”, observó; y también la protección de los derechos de los usuarios finales. Con estos dos objetivos en mente la comisión dicta la regulación pertinente.

Para poner en contexto las nuevas disposiciones y normativas orientadas a conectar a la España Vaciada, la directiva confirmó que “Hay un increíble tejido industrial y de operadores locales en España” y apoyó esta declaración detallando que a fecha de junio de 2022 tenían inscritos en el registro de operadores a 3.514 empresas, un número bastante elevado pese a que no todos desarrollan actividad en todo momento y a que engloba una variedad de servicios muy diversa y dispar. De hecho, de estos 3.514, podríamos decir que 1.786 son explotadores de redes de comunicaciones electrónicas y de ellos, 1.023 están inscritos para ámbitos inferiores al nacional.

Y entre las normas en vigor cobra especial relevancia la nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGTel) que fue publicada en el BOE precisamente el mismo día de la celebración de este foro, el 29 de junio de 2022. Dentro de esta ley destacan varias novedades que fomentan la conexión de la España Vaciada. Una de ellas es el objetivo de la universalización del acceso a Internet a una velocidad mínima de 100 Mbps, que el Gobierno impulsa con la prestación de ayudas y en el que la CNMC colabora informando, definiendo las condiciones de acceso mayorista a las redes y garantizando ese acceso a las redes subvencionadas y mediando, asimismo, en los posibles conflictos que pudieran surgir. Y para realizar bien estas funciones para la CNMC es muy importante que se precise bien la oferta mayorista de los servicios que se tienen que dar al operador alternativo; que se construyan infraestructuras con capacidad suficiente para albergar a distintos operadores o que, por ejemplo, si sobra capacidad sedentaria se puedan introducir otro tipo de operadores de banda ancha para dar servicios adicionales; que se reutilicen las infraestructuras existentes; que en 5G se dé continuidad a las obligaciones de cobertura puestas en las licencias de espectro; y que se garanticen unos niveles de calidad adecuados de los servicios de conectividad que se prestan para que sea similar a la de las zonas urbanas.

Por otra parte, la portavoz destacó que nos corresponde a todos, “y a la CNMC la primera”, simplificar la regulación a muchos niveles y eliminar barreras de despliegue para la prestación de servicios; además en este despliegue de redes el acceso a infraestructuras pasivas es fundamental ya que la obra civil es lo más costoso en estos proyectos. La Comisión ya analiza este mercado y en esta línea la LGTel regula las obligaciones de acceso a infraestructura de obra civil de las Administraciones, de las utilities, de las eléctricas, de los operadores, es decir, eleva a rango legal todas las medidas que están comprendidas en el Real Decreto 330/2016, norma esta última en la que la CNMC tiene la competencia de resolución de conflictos de acceso a infraestructura de todo tipo de agentes. Igualmente, en la Ley de Telecomunicaciones se avanza en las medidas relativas a la compartición de infraestructuras de dominio público y la CNMC tendrá que colaborar en la definición de tales medidas. Además, la norma encomienda a la entidad otras funciones como la realización bianual de un estudio de la calidad de servicio ofrecida a los usuarios radicados en zonas rurales y escasamente pobladas con respecto a la calidad media ofrecida al conjunto de usuarios de España. Para ello habrán de determinar los parámetros mínimos de calidad que deberán respetar y publicar los operadores.

Más allá de la LGTel, existen otras normas en las que trabaja la CNMC como la nueva regulación de los mercados de banda ancha, de acceso local central dictada en octubre de 2021 y que venía a sustituir y derogar la anterior de 2016. En ella se simplifican las obligaciones impuestas e “intentamos establecer un equilibrio entre garantizar la competencia en el territorio y promover la inversión en redes NGA”; en este texto continúa aplicándose un criterio de segmentación geográfica en dos zonas (1 competitiva y 2 no competitiva) y en la que se perciben condiciones de competencia en redes de nueva generación muy diferenciadas, y aunque se amplía mucho la zona 1 o desregulada que pasa a incluir 696 municipios, en la zona 2 hay 7.435 municipios que representan a un 30% de la población española y que pertenecen a esa España Vaciada). También se mantienen las obligaciones de Telefónica de acceso a su cobre y a su fibra estando en vigor los dos productos mayoristas que regulan dicho acceso como son NEBA local y NEBA fibra. “Estos son instrumentos muy relevantes para el acceso mayorista a estas zonas de la España Vaciada donde hay red”, especificó Virginia Rodríguez.

Paralelamente, en el terreno de conductos y postes (infraestructuras pasivas) se encuentra la oferta de referencia MARCo, vigente desde el año 2008-2009, una normativa imprescindible para la instalación de redes de alta capacidad. Como dato, la directiva desveló que tenemos 46.064 kilómetros de subconductos ocupados. Y en relación a esta ley, como medidas relevantes que ha dictado recientemente la Subdirectora citó una resolución del 30 de noviembre de 2021 en la que se ordena la manera de regularizar las ocupaciones irregulares las infraestructuras de Telefónica en la que se impone una obligación a todos los operadores de que se despliegue con conformidad a esta oferta. Se trata de una cuestión muy controvertida, pero necesaria “porque tiene que estar claro y ordenado cómo se accede a las infraestructuras ya que se producen muchas desventajas competitivas para los operadores que sí utilizan la MARCo convenientemente”, expresó. Junto a esta incorporación, la CNMC llevó a cabo una bajada de precios de un 22% en junio de 2021 y en marzo de 2022 se revisó el documento y se fijaron modificaciones como la mejora de la transparencia, al incorporarse un anexo técnico con fórmulas necesarias para poder calcular las fuerzas y las tensiones en los postes, obligando al operador con PSM a que facilite la información necesaria; se ha flexibilizado el procedimiento para la instalación de acometidas en postes y se ha establecido el considerar a los operadores alternativos interesados en la solicitudes de permisos a las Administraciones Públicas para agilizar posibles gestiones. Actualmente están revisando y tramitando la norma para la fijación de precios de acometidas de postes.

Otra aportación de la Comisión es la actuación de la entidad en materia de conflictos tanto de la MARCo como del RD 330/2016. Este año ha resuelto unos 9 conflictos de acceso a postes, otros de ocupaciones irregulares y más de 30 relativos al Real Decreto mencionado. En este contexto, el 20 de diciembre de 2021 la CNMC aprobó una comunicación sobre los criterios utilizados en materia de resolución de conflictos de acceso a infraestructuras físicas cuyo objetivo es dotar a las administraciones y a los operadores de un instrumento que establezca las pautas utilizadas y que van a guiar la actuación del organismo en el futuro.

Y, por último, la directiva aludió al papel de la Comisión para la unidad de mercado aplicando la ley de garantía de unidad de mercado tanto a nivel consultivo como contencioso, con la supresión de trabas de carácter administrativo en los despliegues. En este aspecto se han fijado en la exigencia indebida de licencias para la instalación o gobernación de infraestructuras que se reclaman en unos territorios y en otros no, prohibiciones absolutas relativas al lugar de instalación, falta de respuesta de los ayuntamientos ante planes de despliegues… “Con esta eliminación de barreras creemos que se está produciendo un despliegue más ágil tanto de operadores existentes como de nuevos”, sentenció.

En el turno de preguntas, Virginia Rodríguez admitió que los 100 Mbps son un objetivo político que viene impulsado por las instituciones comunitarias y que también está conducido por ese interés y creencia que tienen muchos ciudadanos de que necesitan tales conexiones, “una realidad a la que las operadoras se tienen que enfrentar”. De hecho, indicó que el servicio universal se ha subido a 10 Mbps en la LGTel y que entre ese 10 y ese 100 puede haber muchas zonas en las que ni sea necesario llegar hasta el Giga ni es posible. Pero, claro, está en todos los planes de ayudas que, efectivamente, ya que se pone dinero público en desplegar redes hay que intentar que sean con las mayores capacidades posibles. “Es un tema muy complejo y ya veremos cómo evolucionamos estos años porque no todo el mundo necesita un giga”, declaró.

Otra cuestión que se puso sobre la mesa es que las leyes se aprueban, pero que el sector lleva esperando el desarrollo reglamentario durante años. ¿Cómo se va a agilizar este proceso? La directiva explicó que los desarrollos reglamentarios no les corresponden a la CNMC, son reales decretos que se aprueban desde el Gobierno y que la Comisión puede, eso sí, solicitaros. “Lo importante ahora mismo es la LGTel y todo lo que esté en los reglamentos antiguos que vayan en contra de ella se consideran derogados”, observó. “En principio, después de esta normativa se tienen que desarrollar algunos reglamentos, ya lo veremos con el Ministerio, porque estos temas no los podemos acometer nosotros al cien por cien”, prometió.

Por otro lado, se planteó si desde la CNMC se tenía constancia del uso de las redes subvencionadas por terceros operadores y la directiva señaló que en realidad están observando muy poca conflictividad, “lo cual es bueno, pero eso nos invita a pensar que tampoco hay mucha actividad en el acceso a redes subvencionadas”. Las ayudas se dan porque en principio es muy costoso y difícil que llegue el despliegue por iniciativa privada a una zona determinada, si no, no deberían darse, y, por tanto, es fundamental que esas redes con las infraestructuras se abran a terceros para que se incremente la competencia. “No tenemos tanta constancia como nos gustaría. Sabemos que se accede a algunas, pero no llevamos un registro porque no tenemos un instrumento para saber cuándo se accede y cuándo no. Nos enteramos si nos llaman por teléfono y nos cuentan lo bien o lo mal que está yendo un proyecto o supone un conflicto”, confesó. “Estamos a vuestra disposición. Si alguien nos quiere contar algo, nos puede llamar”, invitó a los asistentes.

No obstante, también especificó que todas las redes subvencionadas, por ejemplo las de Telefónica, se incorporan a su red y se accede a las mismas en zonas donde se han dado ayudas con absoluta continuidad como ocurre con las áreas urbanas. Simplemente se da acceso a la misma red porque está regulado. La regulación ex ante de la CNMC y la regulación de las ayudas es muy parecida, es decir, si Telefónica tiene un NEBA local en zonas urbanas y un NEBA fibra y un acceso a conductos… lo que hace es que cuando construye la red, gracias a ayudas, sigue dando los mismos servicios mayoristas. “Claro que se accede a estas redes, pero si no hay conflictos pues se accede y ya está, no hay ningún problema. Seguro que hay más accesos que los que se conocen”, aceptó.

Por último, una de las cuestiones que preocupan a los operadores locales es si se va a desregularizar MARCo en un futuro al igual que NEBA local, un procedimiento de segmentación geográfica que ha afectado a algunas compañías y que la CNMC ha llevado a cabo “en base a datos reales y en los municipios en los que se ha detectado que hay competencia, que hay, por lo menos, tres operadores que pueden prestar servicios”, detalló la directiva. Tras este inciso, Virginia Rodríguez sentenció que no se va a desregularizar porque “es el servicio esencial, vital para el despliegue de redes de alta capacidad, es muy utilizado y muy, muy relevante, tanto las canalizaciones y conductos como los postes. Y será un servicio esencial en el futuro también cuando se evolucione la regulación actual del mercado de acceso a infraestructuras pasivas”.

Reivindicaciones de los operadores locales

María Jesús Cauhé, vicepresidenta de Aotec, fue la voz visible de los operadores locales. La directiva aseguró que Aotec realiza una actividad intensa para SUMAR esfuerzos y digitalizar las zonas rurales. A tal fin han firmado muchos acuerdos con diversos protagonistas del mercado como con Vantage Towers o American Towers para usar sus torres y llevar fibra a zonas donde no existe; con Hispasat para cubrir aquellos puntos donde no sea posible llevar la fibra, bien sea por costes o por imposibilidad geográfica. Y con Sistelec o Everynet para el IoT y también mediante relaciones con muchos de los patrocinadores que estuvieron presentes en el foro (Alea Soluciones, Cambium Networks, Aire Networks, Onivia…).

“Y somos fundadores de Gaia-X, la nube europea, porque somos los primeros interesados en que haya centros de datos en las zonas rurales”, añadió.

Estos hechos ponen de manifiesto que el operador local es proactivo. “Llevamos desde 2009 desplegando fibra, fuimos pioneros en aquel momento. Y estamos implicado en el desarrollo de sus pueblos. Tenemos por delante el reto de 5G, la universalización de la conexión de banda ancha y, por supuesto, la transformación digital de la sociedad”, observó.

Igualmente expuso que desde Aotec tienen como gran reto -el que más quebraderos de cabeza les ocasiona-, la colaboración con las administraciones públicas para conseguir los despliegues rápidos. En especial con ayuntamientos y diputaciones. “Esperamos que la nueva Ley de Telecomunicaciones sí que lleve aparejado un reglamento que permita tener esa agilidad y esa colaboración que estamos pidiendo con las AAPP”.

Por otra parte, María Jesús Cauhé argumentó que necesitaban un cambio en las ayudas. “Entiendo que sea un poco gestionable tener 4.000 subvenciones, pero tal y como ahora mismo se están configurando consideramos que siguen quedándose muchas zonas fuera de cobertura; pese a hacerlas a nivel provincial nos encontramos con que luego no se lleva a cabo todas ellas puesto que algunos proyectos son inviables. El operador local se encuentra discriminado. No porque no puedan participar, sino porque se los excluye con toda la serie de requisitos que se exigen y uno de ellos es el otorgarse por provincias y no por municipios. “Queda claro que está orientado a grandes empresas, y quizás sea lo que más nos cuesta. Estamos centrando nuestros esfuerzos en que se nos considere para que podamos participar”, remarcó. A este particular, la portavoz pidió respeto para el operador local y el poder participar en pie de igualdad en la captación de incentivos porque este colectivo tiene que hacer los despliegues con sus propios fondos. “En las ocasiones que hemos conseguido esas subvenciones o en las que lo hemos hecho a esfuerzo propio los despliegues generan un fomento del empleo local. Nuestra forma de comercializar y de atender las redes genera un empleo considerable y el arraigo de la población”. De ahí que declarara. “Esta España Vaciada la vamos llenando”, no sólo porque pueda irse a trabajar gente allí al tener la conexión, sino porque dan trabajo en la misma zona. Además, indicó que con los mismos fondos podríamos hacer muchos más despliegues.

“Los operadores locales hemos tendido siempre la mano al Gobierno y lo vamos a seguir haciendo para dialogar y construir juntos esa participación y extensión de la fibra”, pero la política de ayudas debe cambiar radicalmente en dirección contraria. “Debe sumar, no excluir”. Mientras tanto, las telecos locales siguen avanzando y expandiéndose como lo han hecho siempre, con esfuerzo propio. Dinero local para la mover la economía y hacer posible el futuro de los pueblos y pequeñas y medianas empresas. “Estamos en el tramo final de la cobertura universal del territorio. El Gobierno ha planteado mediante una consulta pública que sólo un operador se lleve las ayudas para ese tramo final. Lo rechazamos de plano. Esto no fomenta la competencia y probablemente suponga un mayor gasto de dinero público”, denunció.

Además, la directiva también mencionó el reto del 5G, un avance en el que las pequeñas y medianas poblaciones no pueden quedarse atrás y en el que el operador local puede ser un gran apoyo. “Porque está dispuesto a involucrarse. 5G no es una tecnología móvil más, supone un salto radical a nuevos servicios; es una nueva industria”. Y, por supuesto, el metaverso. El coche conectado, la vivienda inteligente, la smart city… y los sensores para el seguimiento de la salud y para incrementar la productividad agrícola y ganadera.

Para abordar tales reivindicaciones, la patronal esgrimió una serie de soluciones. En primer lugar, en la banda ancha defienden un cambio radical de las políticas públicas para que den cabida a todos los operadores. Que se otorguen en función de las zonas blancas y grises que quedan por cubrir y no a nivel provincial ni nacional. Y es que, los operadores se presentan a la totalidad de la provincia y luego despliegan solo las zonas que son de interés y como consecuencia se impide que otros reciban las subvenciones y quedan zonas pendientes por cubrir; no favorece un despliegue total, en definitiva. Por tanto, “nos seguimos encontrando zonas que jamás son interesantes y en las que cada vez su despliegue es más caro” .

Desde otra perspectiva, sostienen que en 5G no se puede reproducir el esquema de 4G y hacer esperar años a las pequeñas y medianas poblaciones. No es sólo una tecnología móvil, son los datos de movilidad que todos necesitamos. “Hacemos tanto con el móvil que esta conexión es absolutamente necesaria”, precisó. Para solventar este panorama Aotec esbozan varias fórmulas como que se cedan 100Mhz para un 5G local en la banda de banda entre 3,8 y 4,2 GHz, “entendemos que la de 26 GHz no es óptima para esta tecnología”, puntualizó. Existe, pues, un espectro viable y de esta forma los operadores locales podrían responder a las necesidades de las empresas de las pequeñas y medianas poblaciones de inmediato con servicios orientados a ellas. “Y podríamos poner en marcha redes 5G públicas y privadas en los ámbitos locales”, aclaró. De hecho, estas reservas de espectro para acciones locales se han adoptado en otros países del mundo y de Europa. Es una recomendación del Radio Spectrum Policy Group europeo que siguen Alemania, Países Bajos, Holanda o Gran Bretaña.

Junto a esta medida, idean además que en las zonas rurales se subvencione sólo una infraestructura activa y abierta y que ésta sea común para todos los operadores). “Vamos a intentar que sea una infraestructura realmente rentabilizada y si se subvenciona, que sea utilizada por todos los operadores. Es una cuestión de eficacia y eficiencia del dinero público”, sugirió.

También formuló que el espectro tiene una obligación de uso, y la Administración tiene el derecho a recuperarlo si no se usa u obligar a que se utilice. “Pedimos que se introduzcan modificaciones en el Reglamento y se obligue a ceder el no utilizado en zonas menos pobladas, siempre con contrapartidas económicas”. Precisamente, expuso que en las zonas rurales donde un operador no use las frecuencias que tiene adjudicadas, éstas podrían ser utilizadas por el operador que sí esté prestando servicio. Iríamos a una mutualización de frecuencias.

La vicepresidenta subrayó que el operador local va a ser cada vez más un proveedor de servicios. “Tenemos redes y, además de continuar creciendo, toca potenciar su utilidad. Estamos rodeados de sensores y es necesario sacar utilidad de los datos. Hará falta computación cerca, de ahí los centros de datos en zonas rurales. Para conectarlo todo serán necesarias todas las tecnologías: sin duda la base será la fibra, imprescindible para 5G. Y necesitaremos también el satélite”.

Implicaciones económicas para el instalador

Miguel Ángel García, director gerente de FENITEL, aportó la visión del instalador/integrador de telecomunicaciones en esta misión de conectar la España Vaciada. Durante su intervención incidió en que los planes para la universalización del acceso a la banda ancha de 100 Mbps, en sentido descendente, se ha fijado como límite junio de 2023 en la nueva Ley General de Telecomunicaciones. “En nuestra opinión esa ambición de llevar la banda ancha a la totalidad de la población es muy importante, es un salto cualitativo muy relevante y es evidente que no se puede hacer solo por vías terrestres, hace falta incorporar un servicio por satélite para asegurar la cobertura de las zonas rurales más remotas de todo el país”, recalcó. Es materialmente imposible llegar al cien por cien de todas las ubicaciones del país por tecnologías terrestres, siendo la fibra y 5G los servicios con más aportación de valor evidentemente, pero, sin lugar a dudas, para asegurar ya, desde hoy, la cobertura al 100% de la población y del territorio “existe tecnología, existe capacidad y existe posibilidad de hacerlo a través de esa cobertura complementaria para asegurar a esa España Vaciada la conectividad de calidad que necesita hoy”. Refutó que la ambición en los plazos y en las métricas tienen que ponerse siempre muy altos, pero luego la realidad es la que es. Igual que pasa con las autopistas, no siempre se llega, o se tarda mucho en llegar, a todos. No habrá despliegues al cien por cien de toda la población y del territorio con al menos 100 Mbps por medios terrestres porque la relación coste-beneficio no es viable. Hay una lógica obsesión por alcanzar la sociedad Gigabit, pero hoy ya podemos mantener perfectamente una videoconferencia de calidad (Zoom Teams etc) con una conexión de 100 Mbps, se puede teletrabajar sin ningún problema en una ubicación remota , siempre y cuando el servicio sea continuo y de buena calidad. “Hay una sobrevaloración en cuanto a la asociación del término banda ancha a fibra óptica, es una cuestión que está muy socializada”. En el mundo más remoto, la exigencia del derecho a la conectividad es evidentemente lógica, es una condición necesaria para su desarrollo, pero se plantea muchas veces en términos de tecnología y no tanto de servicio , es un problema de interpretación en muchas ocasiones; se trata en la práctica de una cuestión de servicios, se requiere conectividad de calidad y ahora, de igual modo que no pueden realizarse autopistas para todas las ubicaciones del país , cuando menos no será inmediato poder extender redes de fibra o 5G en igual proporción, siendo estos despliegues muy necesarios. Este símil de las carreteras, que es más conocido en la sociedad, en el ámbito de las telecomunicaciones no se aplica. “Si no tengo fibra, soy ciudadano de segunda”, se piensa y por eso hay que hacer un esfuerzo de racionalización, de comunicación, un esfuerzo de explicación. A los poderes públicos les toca también hacer un esfuerzo de racionalización del mensaje para que toda la población comprenda que lo que necesita es conectividad de calidad independientemente al medio por el que se presta y que mientras no se culminan determinados despliegues existen alternativas de calidad.

Por otro lado, refrendó la propuesta de AOTEC de seguir el modelo alemán y liberar 100MHz en la banda de 3,8 y 4,2 GHz para ser empleada por diversos agentes, como por ejemplo la industria enfatizó, considerándolo un modelo muy eficiente en cuanto a su planteamiento porque podría permitir “un juego de muchos roles a la hora de dar servicios específicos más allá de coberturas generalizadas”.

No obstante, en su discurso manifestó la preocupación enorme que hay por el contexto económico que estamos viviendo, con una tasa de inflación del 10,2% y un coste incremental de los salarios. “La presión en los costes es muy elevada en un sector que en su conjunto es deflacionario y que traslada sus costes a la cadena de valor. Al final de esta cadena está quien instala y mantiene los equipamientos”, argumentó. Esta industria se acoge a los convenios colectivos del sector metal típicamente de ámbito provincial y con indexaciones al IPC de los salarios de forma mayoritaria. En este sector repercuten notablemente los costes salariales, de combustibles… no sólo los ciudadanos, también “las empresas están pagando un precio muy elevado” por esta situación. Además, también están ya viendo la presión por la restricción en el consumo de los hogares, con un -3,7% ya en el primer trimestre, y con un futuro de incremento de costes de los préstamos a familias y empresas a la vuelta de la esquina… E incluso cuando se habla de contratos o ayudas públicas, “sabemos que es imposible indexar estos al IPC, en este momento, pero la Administración debe plantearse revisiones permanentes de este tipo de cuestiones para actualizarlas a los costes reales”. En este sentido, se encuentran con convocatorias que se realizan a un plazo determinado de tiempo y en las que los costes existentes hoy se parecen muy poco a los que existían hace un año. “Hay que prestar servicios en el mundo real y el mundo real está sufriendo una presión económica en los precios de materias primas, energía, …complementados con una situación muy compleja que es la que está viviendo el mercado de componentes electrónicos que dificulta la producción de equipamientos”. Reconoció que hay problemas de suministro de productos concretos y elementos críticos que están ralentizando implementaciones o despliegues y encareciendo, en todo caso, el aprovisionamiento.

A la luz de estas dificultades es prioritario concienciar que hay que cambiar este tipo de parámetros. Económicamente la sociedad española no tiene experiencia reciente en la gestión de situaciones inflacionarias tan altas. Remontándonos a los 80 se hablaba de precios cada mes y había cambios tarifarios con muy corto plazo de tiempo. De nuevo se hace necesario un pacto de rentas “En el contexto actual o adaptamos estas situaciones a la realidad, o va a haber muchas dificultades para realizar en muchas ocasiones hasta lo comprometido”, dijo. las empresas se enfrentan a la necesidad de realizar revisiones continuas.

Más servicios de valor añadido

No habría sido este un encuentro completo sin la participación activa del proveedor. La conclusión general y colectiva está muy clara: a día de hoy ya no basta solamente con ofrecer conectividad pura y dura. Los servicios complementarios son absolutamente imprescindibles para ese operador local, ya que su cliente busca activamente, además de tener un trato cercano, también contar con un valor añadido adicional que le permita crecer y evolucionar. ¿Qué tipo de servicios son esos? La mayoría tienen que ver, por ejemplo, con la ciberseguridad, la incorporación de dispositivos móviles en la oferta, o incluso el suministro de energía. Y todos los proveedores se encuentran actualmente librando esa “batalla”. Miguel Tecles, CTO de Grupo Aire, señala que “en la España rural hay muchas empresas que requieren también de servicios avanzados, no solamente en el ámbito doméstico, y en nuestro caso, por ejemplo, a través de la división Oasix, estamos ofreciendo un conjunto de soluciones cloud y data center. Igualmente, ofrecemos servicios de conectividad vía radio, servicios de transportes, numeración corta para empresas, centralitas en nube, servicio de envío masivo de SMS, etc. que pueden ir a otros sectores, más allá del usuario final”.

Icíar Martínez Núñez, Markets & Product Director de Onivia también piensa de forma parecida. “Apostamos por los modelos de negocio bitStream. Sabemos lo complicado que es para un operador local el poder conectarse o acceder a la red de los grandes, y para ello, diseñamos una solución específica para que puedan acceder a nuestra red en el menor plazo de tiempo posible con las mejores condiciones, tanto económicas como de calidad de red”. No obstante, Icíar es consciente de que deben ir más allá. Hemos visto que no es suficiente con ofrecer exclusivamente servicios de bitStream, sino que tenemos que seguir explorando nuevos modelos, y ofrecer más servicios de valor añadido para que los operadores quieran seguir creciendo con nosotros”.

La fibra es importante…

Nadie discute la importancia de la fibra como mecanismo fundamental para conectar a esa España Vaciada. Antonio Casla, director del Negocio Mayorista y Regulación de Adamo, resume esa trayectoria llevando fibra a zonas rurales de la siguiente manera. “En estos últimos cinco años hemos pasado de ser un pequeño proveedor de servicios residenciales a ser un operador que cuenta con infraestructuras a nivel rural de primera fila. El viaje está siendo apasionante y muy muy intenso. Teniendo en cuenta que el mundo de las infraestructuras siempre ha parecido tranquilo y reposado, nosotros lo hemos reanimado. Siempre acompañados por nuestros clientes: residencial, B2B y mayoristas, de los cuales hemos aprendido mucho, disfrutando del trayecto. Un trayecto donde nos reinventamos, haciendo un camino que no existía y que, entre todos, hemos construido en este viaje a la España Vaciada que aun a día de hoy sigue necesitada de infraestructuras de alta velocidad para poder seguir desarrollando su tejido económico”.

La colaboración y compartición de las infraestructuras es clave para poder llevar la fibra con éxito a muchas zonas que aún no disponen de ella. En Alea Soluciones llevan tiempo trabajando en ello. Así lo explica su CEO Francisco Bonachela. “Es un modelo que ya se venía aplicando exitosamente por los operadores, y en particular la combinación Orange, Vodafone o MásMóvil, que comparten sus redes desde hace mucho tiempo y que les ha permitido tener una cobertura prácticamente de ámbito nacional”, comenta. Es un modelo que tiene muchas ventajas, entre las que destacan una optimización de las inversiones, ya que solo se construye una red, por tanto, se evita el sobre cableado. Pero, además, también se reducen los tiempos en los que un operador o ISP puede prestar servicio. Realmente, es posible iniciar la comercialización de inmediato: no hay que esperar un tiempo previo de despliegue de infraestructuras. Además, este modelo, está facilitando un mayor despliegue de redes en nuevas zonas, especialmente las más desfavorecidas”, explica Bonachela.

En este contexto, los acuerdos con grandes operadoras también pueden ser útiles. “La red abierta de Adamo permite a los usuarios acceder a Internet a través de los grandes operadores nacionales y su amplio portfolio de productos incluyendo la televisión, con un nivel de precios algo más alto. Pero también permite acceder a Internet a través de la figura de los operadores locales, con un modelo comercial más sencillo y una atención totalmente personalizada”, aclara Antonio Casla. “Al final, la existencia de una infraestructura de calidad como la de Adamo a la que acceden tanto los grandes operadores nacionales como operadores locales está ayudando a reducir esa brecha digital”, opina.

…pero también hay otras alternativas

Por supuesto, no solamente la fibra es la única opción para conectar a esa España Vaciada. Hay otros recursos igualmente válidos, y en opinión de Javier Gómez, regional Director Iberia & Mediterranean Region de Cambium Networks, también complementarios. “Es absolutamente necesaria la convergencia. En la actualidad, uno de los grandes retos es la gran limitación que hay en el mundo rural en el acceso a fibra. Hoy por hoy, el 37% del mundo rural no dispone de redes de ultra alta velocidad. Estamos hablando de velocidades mínimas de 100 MB, que es lo que el usuario considera razonable. Lo que está ocurriendo en el mercado inalámbrico o fixed Wireless es una profunda transformación, en una carrera para acompañar a la fibra. Pero son tecnologías completamente convergentes”, suscribe.

Para Javier Gómez, el gran reto es llegar lo antes posible al mercado residencial y empresarial del mundo rural para evitar la huida de talento hacia las grandes ciudades. “En muchos casos, chavales y emprendedores no tienen las mismas posibilidades tecnológicas, y todo se reduce a una simple conexión a Internet. Esta alternativa de fixed Wireless está permitiendo un gran avance”.

Lo que está por venir

En el transcurso del encuentro, también quedaron de manifiesto algunas tendencias a futuro de las que seremos testigos los próximos años. El despliegue de infraestructuras de 10G-PON está empezando a ser una realidad. Los operadores, especialmente los neutrales, ya están haciendo este tipo de despliegues. Además, la compartición de infraestructuras de manera eficiente seguirá teniendo también un largo recorrido.

El operador local seguirá ostentando un importante protagonismo, pese a las concentraciones a través de adquisiciones que se están produciendo en el sector. Porque es el operador regional quien tiene el control a nivel local. Pese a que estas operaciones de concentración del mercado son relevantes, la huella y la identidad del operador se va a mantener, porque conoce bien a su cliente, que es de proximidad.

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